Este miércoles, 6 de mayo, se informó que Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, realizó una denuncia contra León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett Díaz y Zoé Robledo Aburto.
La denuncia se realizó hoy ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra los funcionarios “por utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias”, se informó.
Juárez Piña indicó que fue el pasado 1 de mayo que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) compartió su investigación en la que reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, la cuales es propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.
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La diputada del PRD indicó, por medio de un comunicado, que cada equipo vendido fue en un millón 550 mil pesos, la cantidad más alta luego de que se anunciará la contingencia sanitaria por el coronavirus.
Además, Juárez Piña acusó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, “convalidó la adquisición con sobreprecio al hijo de su compañero de Gabinete, Manuel Bartlett Díaz, pues declaró, en conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional, que la adquisición de los ventiladores vendidos por la empresa aludida se apegó a los criterios de oportunidad y que la ‘entrega inmediata es lo más importante hoy que el precio de un ventilador’”.
La diputada mencionó que León Manuel Bartlett Álvarez ha sido beneficiado con el contrato aludido y recibió de distintas dependencias del Gobierno federal otros seis contratos, todos por adjudicación directa, sin embargo una no.
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Verónica Juárez revela que “el monto de recursos públicos implicados alcanza en total 162 millones 240 mil pesos”.
Afirmando que “es también de dominio público que el domicilio de la empresa Cyber Robotics Solutions coincide con el domicilio particular que el director de la Comisión Federal de Electricidad reportó en su declaración patrimonial, lo que lo vincula directamente a la misma”.
En la demanda también se indicó que “las conductas referidas implican la utilización indebida de información privilegiada, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias, todas ellas infracciones graves contempladas por la Ley aplicable”.