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La conducción errática del Gobierno federal durante las primeras semanas del COVID-19 tiene implicaciones graves, que apenas empiezan a manifestarse y que en los próximos meses se recrudecerán en diversos ámbitos de la vida pública y privada.

Llama la atención no solo la falta de prevención frente a una pandemia que empezó fuera de México y que irremediablemente terminaría por llegar al país, sino además las contradicciones del mensaje de López Obrador, quien comenzó por minimizar los efectos del virus y desdeñar las medidas de confinamiento.

Una semana después, el propio presidente solicitó permanecer en casa y puso al frente de la comunicación gubernamental a Hugo López-Gatell, quien sumó a esas contradicciones las suyas propias: sobre la propia gravedad de la pandemia, sobre el conteo de casos, sobre la pertinencia del uso de cubrebocas.

El resultado: la confusión de la ciudadanía y, como en todos los temas de la vida pública del país, la división: en este caso, entre quienes asumen la gravedad de los hechos en su real dimensión, y quienes desdeñan recomendaciones y ponen en riesgo su propia vida y las de los demás.

Las consecuencias de esta conducta errática e irresponsable del Gobierno de México se traduce no solo en el incremento de casos (5,014 confirmados y 332 muertes) sino, además, en que poco más del diez por ciento de estos se dan entre el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El llamado de auxilio de la comunidad médica comienza a manifestar la insuficiencia del sistema de salud pública para atender a pacientes, a lo que se suma la falta de insumos médicos para quienes tienen a su cargo salvaguardar la vida de la población.

Frente a esto, el propio gobierno insiste en descalificar las voces que reclaman y contrapone a la opinión de expertos la de otros expertos que afirman lo contrario, activando los mecanismos de la posverdad que tanto daño causan y que en momentos de crisis son herramientas perversas para hacer de la desinformación y la confusión otra herramienta de división social.

Lo mismo ocurre en el tema económico

Así como en un momento López Obrador mintió al señalar que México había sido el primer país en tomar medidas frente al coronavirus, de igual manera miente al decir que el país está preparado para enfrentar las consecuencias que traerá consigo la parálisis del mercado, la falta de crecimiento, al pérdida de empleos y el mal manejo de las finanzas públicas.

Medidas que han tomado otras naciones para reducir ese impacto –como la condonación de impuestos o del pago de servicios proporcionados por el Estado, así como el apoyo a empresarios– son ignoradas para dar prioridad a aquellas que fortalezcan y abulten las arcas públicas.

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La razón es simple: la popularidad del gobierno dependerá de su capacidad de mantener activas las entregas de dinero en efectivo a los beneficiarios de sus programas sociales, que si bien se vuelven necesarias entre los sectores más vulnerables de la población, son a todas insuficientes para echar a andar una economía en recesión.

Si a esto se añade que los efectos inmediatos de la pandemia se extenderán durante todo el año 2020, resulta entonces clave mantener satisfechas a las bases de apoyo electoral, construidas sobre ese corporativismo que será clave para movilizar a las urnas a la ciudadanía el próximo año.

El colapso que se avecina en el tema económico será pues precedido por el que ya viven los sistemas de salud, y que en las próximas semanas mostrarán su rostro más crudo: las historias personales, las voces y los rostros de quienes por la irresponsabilidad del gobierno, por su ineptitud y su absoluta falta de capacidad padecerán las decisiones y omisiones encabezadas por el presidente López Obrador.

Resulta así criminal que las prioridades del gobierno se centren en su propia imagen, en seguir dividiendo a la ciudadanía, en tomar decisiones frente a una tragedia con la vista puesta en las próximas elecciones.

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